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Contratación Pública STJUE de 9 de julio de 2026, asunto C-186/25: Análisis de imposición de correcciones financieras en contratos públicos financiados con fondos europeos Litinet · Contratación Pública El TJUE responde a una cuestión prejudicial del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna sobre dos correcciones financieras impuestas en un contrato de servicios financiado con fondos europeos: una del 25 % por no constar acreditada la experiencia exigida al adjudicatario y otra equivalente a la penalidad que el beneficiario no aplicó ante un retraso de ocho días.

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Contratación Pública Guía práctica: criterios sociales y ambientales en la contratación pública M. P. Batet (La parte contratante) · Contratación Pública Recorrido por las cuatro vías de entrada de lo social y lo ambiental en un expediente —solvencia técnica, prohibiciones de contratar, criterios de adjudicación del artículo 145 y condiciones especiales de ejecución del artículo 202— con los requisitos de validez y los límites que han ido fijando los tribunales de recursos contractuales.

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Contratación Pública Propuesta de Reglamento europeo de contratación pública: principales novedades y guía práctica LitiNet · Contratación Pública La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre la Propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones [COM(2026) 590], que derogaría las tres Directivas de 2014 y pasaría a ser directamente aplicable en los Estados miembros. El repaso recorre los tres procedimientos ordinarios —abierto, dinámico y de innovación—, la negociación convertida en técnica utilizable dentro de ellos y ya no en procedimiento autónomo, el límite del 50 % del valor anual estimado para exigir volumen de negocios, la ponderación mínima del 30 % para la calidad (50 % en contratos intensivos en mano de obra), la preferencia europea y los nuevos regímenes de modificaciones y de pagos.

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Contratación Pública Las prestaciones sin contrato I. La continuidad de la prestación. esPublico Contratación · Contratación Pública Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo (SSTS 78/2025, 85/2025 y 1200/2025) fijan que el contratista que sigue prestando un servicio de buena fe tras extinguirse el contrato, sin que la Administración se oponga, tiene origen contractual a efectos del devengo de intereses de demora, conforme al artículo 198.4 LCSP. El post distingue este supuesto del resuelto por la STS 605/2020, donde sí existió un encargo distinto al contrato ya extinguido, y recoge el criterio del Consejo de Estado sobre cuándo la indemnización debe descontar el beneficio industrial del contratista.

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Derecho Administrativo y Contencioso En un recurso contencioso-administrativo indirecto del art. 26 LJCA se puede alegar la falta de publicación del planeamiento general que le sirve de base al plan impugnado directamente (STS 20/7/2026) Diego Gómez Fernández · Derecho Administrativo y Contencioso Diego Gómez repasa la STS de 20/07/2026 (RC 2029/2024, ponente Quesada Varea), que responde afirmativamente a la cuestión casacional planteada: la impugnación indirecta de un instrumento de planeamiento puede fundarse en la omisión de trámites, concretamente en la falta de publicación, del planeamiento general del que aquel trae causa.

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Tengo preparados desde hace unas semanas dos disclaimers sobre el uso de inteligencia artificial en mi trabajo. Uno para escritos procesales y otro para informes jurídicos. Todavía no los he usado en ningún documento real, porque antes de incorporarlos a mi práctica habitual quiero pensarlo en voz alta y conocer la opinión de quien lea esto. El primero, pensado para escritos procesales, dice así: «OTROSÍ DIGO: Se hace constar que, en la elaboración del presente escrito, se han utilizado herramientas tecnológicas de asistencia redactora basadas en inteligencia artificial, para labores meramente auxiliares de sistematización, síntesis documental y apoyo en la estructuración formal del documento.

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Reseña de: Tomás Ramón Fernández, «El Tribunal Conde-Pumpido y el control de la arbitrariedad del poder», Revista Española de Derecho Constitucional, nº 137, 2026, pp. 359-378. DOI: doi.org/10.18042/… Cuarenta y cinco años habían pasado desde que el Tribunal Constitucional comenzó a funcionar sin que revocara una sentencia del Tribunal Supremo que se había limitado a anular un nombramiento discrecional por carecer de motivación sustancial. El 15 de enero de 2026 ha ocurrido por primera vez.

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