contratación pública

La JCCP del Estado recomienda que, coyunturalmente, no sea obligatoria la inscripción en ROLECE

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su Recomendación de 24 de septiembre de 2018, establece que, mientras dure la situación coyuntural de colapso en el ROLECE y afecte a la concurrencia de las empresas en las licitaciones, no será exigible la inscripción para participar, y los requisitos de aptitud para contratar podrán acreditarse por los medios generales.

Jornada sobre la LCSP para la Asociación Vizcaína de Excavadores y artículo en la revista EXCAVE

El nuevo número de la revista EXCAVE, de la Asociación Vizcaína de Excavadores, publica una reseña de la jornada que impartí a sus asociados, sobre las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, así como un artículo sobre los criterios sociales y medioambientales en la contratación pública.

Pronunciamientos relevantes de la Junta Consultiva de Contratación sobre la nueva LCSP (II) Los PANAP.

La Junta Consultiva de Contratación del Sector Público (JCCSP), acaba de publicar diversos informes de consulta y de recomendaciones de gran interés para la interpretación de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), dedicados fundamentalmente a los contratos menores y al régimen de contratación de los Poderes Adjudicadores No Administración Pública (PANAP). En este segundo post resumiré las conclusiones sobre el régimen de contratación de los Poderes Adjudicadores No Administración Pública.

Pronunciamientos relevantes de la Junta Consultiva de Contratación sobre la nueva LCSP (I) Contratos menores.

La Junta Consultiva de Contratación del Sector Público-JCCSP (hasta ahora, Junta Consultiva de Contratación Administrativa), acaba de publicar diversos informes de consulta y de recomendaciones de gran interés para la interpretación de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), dedicados fundamentalmente a los contratos menores y al régimen de contratación de los Poderes Adjudicadores No Administración Pública (PANAP). En este primer post resumiré las conclusiones sobre los contratos menores.

El Recurso Especial en materia de Contratación Pública en la nueva LCSP

Cuelgo en este post la presentación de la conferencia que impartí el pasado 5 de febrero de 2018 en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, sobre el Recurso Especial en materia de contratación pública, la ampliación de su ámbito de aplicación en la nueva Ley y algunas pinceladas sobre su interposición y tramitación.

Anulada una subasta de la TGSS por defecto en las notificaciones electrónicas

Suena muy mal, pero es rigurosamente cierto: mi cliente y yo nos enteramos de que la TGSS había subastado y adjudicado un local de su propiedad a través de la prensa. Resulta que la TGSS había puesto la notificación de la providencia de subasta a disposición de mi cliente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, y que mi cliente no había accedido a la misma por haber sido dado de baja en el Sistema RED. Ahora, un Juzgado nos ha dado la razón y ha anulado la subasta, porque la TGSS no había advertido al interesado la obligación de seguir compareciendo ante la Sede Electrónica.

Los Tribunales dan la razón a Ascensores a Begoña frente al Gobierno Vasco

Ya se han publicado en la base de datos del CENDOJ las dos sentencias que fallaron a nuestro favor en los contenciosos abiertos contra el Gobierno Vasco por el cierre de los ascensores a Begoña.

El Gobierno Vasco, en una aplicación radical del principio de riesgo y ventura, quería obligar a la concesionaria a continuar otros 30 años, incluso con pérdidas, y los Tribunales han dejado claro que el límite está en el equilibrio económico de la concesión, que la Administración es la que ostenta la facultad de adoptar las medidas para reestablecer dicho equilibrio roto y que no lo hizo, correspondiéndole la responsabilidad sobre el cierre del servicio.

La legitimación para recurrir al contencioso tras los recursos especiales en materia de contratación

El título no es muy afortunado, desde el punto de vista técnico, pero creo que resume de manera vulgarmente comprensible el contenido del artículo que quiero destacar en esta ocasión.

Es un trabajo de Tomás Cano Campos, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, publicado en la Revista General de Derecho Administrativo 37 (Iustel, 2014), y que he conocido a través del servicio de 'La Administración Al Día' del INAP.

El autor examina con detenimiento el particular régimen de legitimación que se establece en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las decisiones que adoptan los tribunales u órganos administrativos de recursos contractuales en el marco de los recursos especiales y las cuestiones de nulidad del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), así como en las reclamaciones de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales (LCSE).

Para todos ellos, y tras la modificación operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que reformó la legislación en materia de contratación pública, y con ella la ley procesal, la LJCA dispone el siguiente régimen de legitimación activa y pasiva:

  • Legitimación activa, art. 19.4 LJCA: «Las Administraciones Públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad».
  • Legitimación pasiva, art. 21.3 LJCA: «En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto conforme a lo dispuesto en el artículo 49».

El artículo comienza haciendo un buen repaso de los recursos especiales en materia de contratación y de los tribunales u órganos administrativos encargados de resolverlos, de forma previa al examen del tema principal de la legitimación.

Y en este aspecto, destacan los siguientes apartados:

  • La legitimación de la Administración autora del acto impugnado y la exención de la declaración de lesividad.
  • La ausencia de legitimación pasiva de los tribunales u órganos administrativos especiales.
  • En ese caso, y si no comparece como codemandada la Administración contratante, la posibilidad de que se dé una relación jurídico-procesal sólo entre sujetos privados, los licitadores implicados.
  • Y el problema que se puede suscitar en los recursos judiciales contra las sanciones impuestas por los tribunales u órganos administrativos especiales: ¿cabe un proceso sin parte demandada?

El artículo del Profesor Tomás Cano Campos, pinchando en el título del post.

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