contencioso-administrativo

Para denunciar incongruencia omisiva en la nueva casación contencioso-administrativa, es necesario agotar el incidente de los arts. 267.5 LOPJ y 215.2 LEC

Auto interesantísimo, de 1 de marzo de 2017, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmite un Recurso de Casación porque, presentando como único motivo la incongruencia omisiva de la Sentencia recurrida, no había agotado previamente el incidente para completar la sentencia previsto en el artículo 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Anulada una subasta de la TGSS por defecto en las notificaciones electrónicas

Suena muy mal, pero es rigurosamente cierto: mi cliente y yo nos enteramos de que la TGSS había subastado y adjudicado un local de su propiedad a través de la prensa. Resulta que la TGSS había puesto la notificación de la providencia de subasta a disposición de mi cliente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, y que mi cliente no había accedido a la misma por haber sido dado de baja en el Sistema RED. Ahora, un Juzgado nos ha dado la razón y ha anulado la subasta, porque la TGSS no había advertido al interesado la obligación de seguir compareciendo ante la Sede Electrónica.

Los análisis más relevantes de la STC sobre el Impuesto de Plusvalía

Recopilación de los artículos más interesantes sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que ha declarado inconstitucional que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grave también situaciones en las que no ha habido un verdadero incremento de valor, incluso aquellas en las que ha habido un decremento.

Los Tribunales dan la razón a Ascensores a Begoña frente al Gobierno Vasco

Ya se han publicado en la base de datos del CENDOJ las dos sentencias que fallaron a nuestro favor en los contenciosos abiertos contra el Gobierno Vasco por el cierre de los ascensores a Begoña.

El Gobierno Vasco, en una aplicación radical del principio de riesgo y ventura, quería obligar a la concesionaria a continuar otros 30 años, incluso con pérdidas, y los Tribunales han dejado claro que el límite está en el equilibrio económico de la concesión, que la Administración es la que ostenta la facultad de adoptar las medidas para reestablecer dicho equilibrio roto y que no lo hizo, correspondiéndole la responsabilidad sobre el cierre del servicio.

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