administrativo

Anulada una subasta de la TGSS por defecto en las notificaciones electrónicas

Suena muy mal, pero es rigurosamente cierto: mi cliente y yo nos enteramos de que la TGSS había subastado y adjudicado un local de su propiedad a través de la prensa. Resulta que la TGSS había puesto la notificación de la providencia de subasta a disposición de mi cliente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, y que mi cliente no había accedido a la misma por haber sido dado de baja en el Sistema RED. Ahora, un Juzgado nos ha dado la razón y ha anulado la subasta, porque la TGSS no había advertido al interesado la obligación de seguir compareciendo ante la Sede Electrónica.

Los análisis más relevantes de la STC sobre el Impuesto de Plusvalía

Recopilación de los artículos más interesantes sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que ha declarado inconstitucional que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grave también situaciones en las que no ha habido un verdadero incremento de valor, incluso aquellas en las que ha habido un decremento.

Los Tribunales dan la razón a Ascensores a Begoña frente al Gobierno Vasco

Ya se han publicado en la base de datos del CENDOJ las dos sentencias que fallaron a nuestro favor en los contenciosos abiertos contra el Gobierno Vasco por el cierre de los ascensores a Begoña.

El Gobierno Vasco, en una aplicación radical del principio de riesgo y ventura, quería obligar a la concesionaria a continuar otros 30 años, incluso con pérdidas, y los Tribunales han dejado claro que el límite está en el equilibrio económico de la concesión, que la Administración es la que ostenta la facultad de adoptar las medidas para reestablecer dicho equilibrio roto y que no lo hizo, correspondiéndole la responsabilidad sobre el cierre del servicio.

De Víctor Almonacid, 100 Preguntas y Respuestas sobre el Procedimiento Electrónico

Víctor Almonacid, Secretario del Ayuntamiento de Alzira, es una de las voces más autorizadas en materia de Derecho Administrativo práctico, y en particular en Administración Electrónica.

Ha publicado un Q&A sobre procedimiento electrónico en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, tan recomendable como el resto de sus aportaciones, que tan generosamente comparte.

El documento se puede descargar gratuitamente en su página, en el enlace 100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Y una vez en su página, imperdonable perderse la auténtica Biblioteca de Alejandría en lo referente a las nuevas leyes administrativas: Todo lo que usted debe saber sobre las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico.

Gracias, Víctor.

Sólo un reglamento tributario del Estado podrá definir qué es una vivienda desocupada a efectos del IBI

Conforme a la Sentencia del TSJ de Asturias que comento en este artículo, ni un Ayuntamiento ni una Comunidad Autónoma pueden definir el concepto de viviendas permanentemente desocupadas, con la finalidad de imponerles un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pues sólo un reglamento del Estado puede establecer esa definición a efectos tributarios. Mientras tanto, los Ayuntamientos no pueden exigir ese recargo del 50% sobre el IBI.

Suelos urbanos a efectos catastrales

En la Sentencia de 24 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo dejó clara la  distinción entre suelos urbanos y suelos rústicos a los efectos de la Ley del Catastro y su valoración catastral, con la importante incidencia que tal determinación tiene en la base imponible de impuestos como el que grava los Bienes Inmuebles (IBI) y otros.

Sobre los excesos del derecho al olvido

Reseño un artículo de Carlos Sánchez Almeida en el blog del CGAE, en el que nos advierte del exceso en que está incurriendo la Audiencia Nacional a la hora de resolver de forma sistemática los 75.000 asuntos que tiene pendientes en materia de derecho al olvido, y cómo está dañando la libertad de información la aplicación, indiscriminada y sin un análisis concreto de cada supuesto, de la doctrina derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014.

Los procedimientos sancionadores tributarios caducan, y caducan de verdad

Por lo general, aunque un procedimiento sancionador caduque y se deba archivar porque la Administración tarda demasiado en resolverlo, se puede abrir otro nuevo mientras los hechos sancionados no prescriban. Pero hay una excepción, y la he aprendido gracias al blog de Lorena Tabanera: los procedimientos sancionadores en materia tributaria sí caducan de verdad, y no es posible reabrirlos. La explicación, en el artículo.

El Supremo suspende la prohibición de medidas cautelares del Reglamento de Costas

El BOE nº 120, de 20 de mayo de 2015 ha publicado el Auto de la Sala III del Tribunal Supremo, de 23 de marzo de 2015, estimando la adopción de la medida cautelar de suspensión de la eficacia del artículo 14.3 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, Reglamento General de Costas.

La Administración no puede acudir a la vía de apremio cuando se ha iniciado la liquidación concursal

Como ya dije en una ocasión anterior, soy refractario al Derecho Concursal y a su terminología, pero cuando aborda tangencialmente algún tema que conozca, aunque sea de refilón, intento prestar atención.

En este caso, la Sentencia nº 711/2014, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2014, Rec. 2500/2013, resuelve un Recurso de Casación interpuesto contra una sentencia de apelación que revocó la de instancia. Es decir, confirma la Sentencia dictada en primera instancia y estima la demanda de los administradores concursales que ven, una vez iniciada la liquidación concursar, cómo diversos bienes del activo de una mercantil en concurso quedan embargados porque la TGSS, acreedora en el mismo procedimiento concursal, inicia motu proprio la vía administrativa de apremio para cobrarse unas cantidades que han sido calificadas como créditos contra la masa.

La Sentencia es larga, y ofrece una explicación interesante de la interpretación que ha de darse a la Ley Concursal, pero como tantas veces, la esencia sintéticamente destilada llega al final:

FJ9: «En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso ( art. 133.2 LC ). Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la liquidación ( art. 140 LC ), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que también pudiera justificar una acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación.

Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS

Es que no puedo evitar una sonrisa maliciosa cuando a la Administración se le cortan un poco las alas de sus prerrogativas ejecutivas. Ocurre tan pocas veces.

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