abogacía

No es impostado todo abogado que reluce, o sí, y qué

Javier Blasco Sánchez, abogado de Peralta, Navarra, escribió ayer un artículo, «El aborrecible postureo de la abogacía», que ha recorrido bastante las redes.

«Esta semana ha sido una de las mas cargadas de postureo abogacil que he vivido desde que ejerzo.

Redes sociales cargadas de Congresos, trajes, gomina, botellas de vino, regalos, gente poniendo fotos gritando al mundo lo bien que le va y la cantidad de proyectos interesantes y superguays que tiene en su cosmopolita vida.

Un completo coñazo. (...)

Yo es que debo ser de otro planeta.

Voy a trabajar en vaqueros salvo si tengo una visita o algo relevante en los juzgados (esto reconozco que es algo mío), tengo días malos a menudo, todos los días hago cuentas de si voy a llegar a fin de este mes o del siguiente, prefiero pensar en cualquier cosa menos en derecho en mi tiempo libre (escribir esto en domingo es una excepción), etc etc.

Veo a la gente en “premios” y congresos cada 2 por 3, disfrutando de currar los fines de semana, sin atisbo de tener un día malo o preocupaciones, con la ideas tan claras... Y no se. Me invade una sensación extraña.»

Me ha gustado el artículo y me ha hecho preguntarme, ¿qué soy, qué somos en las redes sociales? ¿Abogados o impostores? ¿Y, en cualquier caso, importa?

Estuve la semana pasada en el Congreso Nacional de Vitoria, pero voy a trabajar en vaqueros, como Javier, salvo que tenga una cita importante o una actuación judicial.

Me codeé con abogados que parecían contentísimos, pero yo también lo parecía y, sin embargo, literalmente, no tengo fin de mes, vivo constantemente haciendo números para saber si la cuenta de crédito me va a aguantar la próxima cuota de la hipoteca, de la mutua, del despacho.

Hablo con unos de esto y escribo con otros de aquello, a veces hasta aparento saber. Pero el Derecho me gusta lo normal, o sea, poco. Los temas que me apasionan no me dan de comer, y los que me dan de comer me apasionan si el cliente me ayuda a que me apasionen.

Pienso en la imagen que puedo proyectar en las redes sociales, y luego en la realidad, y creo que todos los abogados, al fin y al cabo, todo el mundo, queremos mostrar una imagen llena de luces, pero tenemos tantas como sombras en nuestras vidas.

Lo que ocurre es que es comprensible que sólo queramos proyectar nuestras luces, y de ahí que no es de extrañar que, al fin y al cabo, todos demos una imagen distorsionada respecto de la real.

Por eso, en el lugar de Javier, no me preocuparía lo más mínimo. No es impostado todo abogado que reluce en las redes sociales, o sí lo es. Pero no importa.

Lo que me gusta de la abogacía es el oficio. El problema, el estudio, el diagnóstico, el tratamiento, el consejo, la argumentación, la persuasión. Considero que la labor de un abogado es un oficio de artesanía. Tener razón, saber probarla, saber exponerla. Y que te la den. O que el cliente comprenda que es el mejor consejo que sabes darle. Ese éxito que nos es tan esquivo.

Tengo un 'cargo', por llamarlo de alguna manera, en la abogacía institucional. Ahí es donde conozco muchos abogados y abogadas de muy distinto carácter. Pero en general, presentan una característica en común: al abogado, a la abogada, de verdad, en algún momento, con algún tema, le brillan los ojos, se le retuerce el estómago, necesita explicarse. Si no, es que no lo es.

Y no importa que nos dediquemos al penal, al laboral, al civil o al administrativo. Lo que hacemos en todos los casos es aconsejar y defender. Defender a nuestro cliente, defender al sistema de sus propios abusos y defender una sociedad pacífica y justa.

Es un oficio noble, Javier, y no se nos puede reprochar que a veces nos pongamos un poco chulos.

Más voces sobre la cuestión de las costas en el contencioso-administrativo

Está circulando bastante estos dos días este artículo de Santiago González-Varas, compañero abogado y catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alicante, publicado originalmente en el diario ABC y que yo he visto recogido en la página de Iustel que enlazo.

Bienvenidas sean todas las opiniones que sigan manifestándose en contra del actual criterio del vencimiento en la imposición de las costas en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero tengo más desacuerdos que acuerdos con el contenido del artículo, y quiero exponerlos siguiendo el orden de las conclusiones expuestas por su autor.

«¿Qué soluciones se imponen? Son claras y no entiendo cómo el ministro no lo hace ya: 1. Que se sepa con certeza que se van a “moderar” las costas, y desde el principio del proceso por cuánto va a salir el contencioso si se pierde.»

Es de vital importancia la seguridad jurídica, a fin de que el riesgo por la imposición de las costas pueda preverse lo mejor posible antes del inicio del proceso y pueda ser valorado junto con el resto de los costes legales. Es fundamental no solo para el ejercicio individual de una acción, sino para el conjunto del sistema, pues la seguridad jurídica en esta materia ofrece una base firme para el acceso a la Justicia.

Pero la certeza precisa en el monto de las costas es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ambos conceden mucha importancia a las circunstancias concretas de cada proceso y, en particular, a la complejidad del asunto y la amplitud del trabajo desarrollada por los profesionales intervinientes en el mismo.

Debe, por lo tanto, haber bases y criterios que doten al sistema de tasación de costas de previsibilidad y seguridad jurídica, pero ese sistema debe permitir también la adecuación de la tasación a las características concretas de cada caso.

«2. Que existan unos criterios o topes máximos (bastaría, al menos, con perfeccionar o generalizar lo que hace ya “generalmente” el TS).»

El problema es que el TS se contradice a sí mismo cuando, por un lado, hace referencia a las costas «razonables dentro de los parámetros de la profesión y adecuadas a las circunstancias concurrentes en el pleito» (doctrina fijada a partir del Auto de 3 de mayo 2011, rec. 868/2004), pero, por el otro, fija en sentencia la cantidad máxima a la que debe alcanzar la condena en costas: fundamentalmente, porque no motiva lo más mínimo las cantidades que fija en cada caso, incurriendo en lo que, en mi opinión, es pura y simple arbitrariedad.

«3. Que el secretario judicial cubra esta laguna y se convierta en la figura especializada en materia de costas, para que sean adecuadas a la entidad del caso, sin obstaculizar la justicia.»

Ninguna objeción en este aspecto. Estoy conforme con que sea el Secretario Judicial la figura clave en la tasación de costas, pues es quien conoce a la perfección el desarrollo completo de la tramitación del proceso al que se refiere cada tasación.

Y bienvenido el reconocimiento, al menos en este punto, de que las costas deban ser «adecuadas a la entidad del caso.»

«4. Que los colegios profesionales y los abogados queden fuera de toda esta cuestión.»

Los informes de los colegios de abogados, en las impugnaciones de tasaciones de costas por excesivas, son preceptivos pero no vinculantes, y meramente orientativos para el Secretario Judicial, que resuelve la impugnación sin necesidad de someterse a la opinión colegial.

Pero, de todas formas, me parece un error querer apartar a los colegios, porque conocen la profesión y pueden contribuir a fijar los criterios que doten de seguridad jurídica el sistema de tasación de costas. Aparte del hecho de que es la Ley la que les atribuye funciones en esta materia (LEC y Ley de Colegios Profesionales).

Lo que tiene que desaparecer del todo, y de una vez por todas, es el tradicional sistema de «baremo» caracterizado por la aplicación de una escala proporcional a la cuantía del asunto y por el establecimiento de unos precios mínimos (recomendados, orientativos o como se quiera) para cada actuación, dentro de un catálogo de una casuística casi infinita.

La Ley faculta a los colegios a aprobar «criterios orientativos», y eso es lo que deben diseñar, un sistema de criterios que permita adecuar unas costas razonables a las circunstancias de cada caso. Es, ciertamente, una tarea pendiente.

Por lo que hace a los abogados, su labor es fundamental en la tasación de costas, tal y como establece y exige el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el abogado minutante debe presentar un informe de justificación de su minuta que permita conocer las concretas circunstancias del proceso que ha tomado en cuenta para su determinación; el abogado impugnante debe conocer esas justificaciones y poder discutirlas igualmente de manera razonada; y el Secretario Judicial debe poder analizar unas y otras razones y tasar las costas de forma motivada.

Únicamente una tasación basada en unos criterios orientativos bien definidos y que se sustente en un debate dialéctico que motive y justifique la aplicación de dichos criterios a las características del asunto concreto podrá dar lugar a unas costas razonables, adecuadas y no arbitrarias.

«5. Que las decisiones sean recurribles.»

Ningún problema. Ya ahora la tasación del Secretario Judicial está sujeta a recurso directo de revisión (artículo 246 LEC).

«6. Que se evite, así, que la única solución sea a veces la cuantía indeterminada.»

La cuantía indeterminada, en los casos en los que en realidad la cuantía es determinable, es un apaño que cada vez se admite menos en la jurisdicción contencioso-administrativa. Y desde el establecimiento del criterio del vencimiento, es la propia Administración la que cada vez más a menudo se opone a dicha cuantía indeterminada, porque quiere presionar al recurrente con el riesgo de las costas y porque su propio riesgo lo juega con pólvora del Rey.

En cualquier caso, hace tiempo que la doctrina del TS y del TJUE vienen dejando claro que la cuantía del proceso no debe ser el único criterio para la tasación de costas, así que no hay necesidad de modificación legislativa en este aspecto. Los criterios orientativos que se diseñen deben dar una importancia relativa a la cuantía procesal.

«7. O al menos que se vuelva a la situación anterior en materia de costas, pero que, entonces, imperen estos criterios, que propongo, en apelaciones.»

Faltaría más, totalmente de acuerdo en que el problema de la jurisdicción no es el de las tasas, sino principalmente el criterio del vencimiento en materia de costas, pero la vuelta al criterio de la temeridad y mala fe no nos exime de la necesidad de diseñar criterios orientativos, para esta jurisdicción y para las demás.

«8. Que estos mismos criterios se sigan con los procuradores.»

Aquí manifiesto mi acuerdo con un cerrado aplauso. No hay forma de que me entre en la cabeza el hecho de que el Arancel de los procuradores, desproporcionado, injustificado y exorbitante, sea indiscutible y no cause ninguna reacción de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Ministerio de Economía y de todas estas instituciones preocupadas por la liberalización de los servicios profesionales y la determinación de los honorarios por las reglas del mercado y el libre concurso entre oferta y demanda. Hay que acabar con el Arancel.

Todo esto ya lo he dicho en artículos anteriores, aquí y aquí, pero hay que seguir sumando voces al debate pues, como he dicho, es una tarea pendiente.

De honorarios profesionales, por obra y gracia de Alfredo Herranz

Es importante hablar de dinero en nuestra profesión, y ya dije aquí que me parece fundamental hablarlo de forma clara con el cliente. Prometí, además, escribir acerca de cómo presupuesto a mis clientes, pero no lo hice en su día y ha pasado mucho tiempo sin cumplir la promesa.

La ocasión para volver a abordar el tema me la ha dado este artículo de Alfredo Herranz, abogado de Zaragoza y de las redes, de sobra conocido por todos.

Alfredo aboga por hacer públicos los precios que cobramos por nuestro trabajo, a modo de "carta de productos, servicios y precios" que pusiéramos a disposición de nuestros potenciales clientes, cada vez más interesados en conocer de antemano el coste aproximado de los servicios que ofrecemos.

La idea me parece interesantísima, pero (aunque no es mi intención, soy consciente de que todo pero anula el aserto anterior) no creo que ese modelo se adapte a mi ejercicio profesional, aunque voy a seguir reflexionando en un futuro por si, en realidad, es algo más fácil de realizar de lo que pienso.

Lo que quiero hacer ahora es aportar mi grano de arena al debate abierto por Alfredo, exponer en qué puntos estoy conforme y de qué manera creo que se puede atender a lo principal, buscando cada uno el modelo que mejor se acomode a su forma de trabajar.

Estoy completamente de acuerdo en este punto esencial: el cliente tiene derecho, y cada vez demanda más, conocer de antemano el coste de los servicios profesionales que contrata con nosotros.

Vivimos en una economía de libre mercado, y cada vez hay más clientes que buscan en más de un despacho y preguntan por el precio, porque el precio es uno de los factores importantes que va a tener en cuenta a la hora de optar por uno u otro abogado.

Para ser competitivos, es decir, para atraer clientes, tenemos otros factores como la experiencia, la especialización, el grupo de trabajo, los contactos o lo que se nos ocurra, pero el precio es cada vez más relevante en la contratación de un abogado.

Y creo que el cliente no busca tanto el precio más barato, sino la transparencia del abogado a la hora de hablar de dinero. El cliente cada vez recela más, y con razón, del abogado que le da una palmada en la espalda y le dice sonriente «del dinero no se preocupe ahora, ya hablaremos de eso, lo importante ahora es contestar a esa demanda». El cliente necesita conocer, aunque sea de manera aproximada, el coste de los servicios legales que va a contratar, los de letrado y cualesquiera otros accesorios, como procurador, peritos, tasas, etc.

Por eso, para mí la clave está en hablar de forma abierta y transparente con el cliente acerca de los costes legales en que va a incurrir. Hacerlo cuanto antes sea posible en el encargo, si ya estamos contratados, o de forma inmediata, aunque pongamos alguna reserva debido a la premura, si se nos pregunta antes de ser contratados, como criterio que el cliente va a tener en cuenta para hacernos la encomienda.

En primer lugar, debemos saber qué es lo que podemos cobrar, y para eso tenemos que conocer con detalle nuestros propios costes y qué es lo que queremos -y podemos- ganar con nuestro trabajo.

Alfredo da en el clavo, en mi opinión, en este párrafo de su artículo:

«El enfoque por tanto debe ser desde la rentabilidad. Eso significa la necesidad de tener un buen estudio de los costes que conlleva un determinado expediente, y de las horas de trabajo que supone el mismo para poder saber qué precio es el más adecuado para nosotros. Luego además el precio deberá ser competitivo (en competencia con el mercado) para lo cual lo más importante es reducir costes (fundamentalmente con la incorporación de las nuevas tecnologías y agrupando profesionales, esto es algo que cada vez tengo más claro). El precio podrá ser más elevado en caso de poder incorporar otros valores añadidos, como la experiencia o "marca" del abogado en cuestión.»

En efecto, la rentabilidad es la clave. Moderada, adicionalmente, por la competitividad. Una vez que sabemos qué es lo que debemos (para cubrir costes) y podemos (para ganar algo pero siendo competitivos) cobrar por nuestro trabajo, se trata de hacer una proyección respecto del caso que nos está planteando el cliente y ofrecerle una estimación de honorarios.

¿Cómo lo hago yo? No sé si acierto, pero tampoco sé hacerlo de otra forma, y en esto seguro que me vendría bien más de un consejo, así que toda aportación será bienvenida.

Yo me hago un cálculo aproximado de costes anuales y le añado una cantidad a tanto alzado, para incluir un pequeño colchón y lo que me gustaría ganar por encima de los costes, para ver si ahorro algo. Esa cantidad la divido en distintos períodos de tiempo: por meses, por días, por horas. Para hacerme una idea aproximada de lo que necesito facturar al mes, al día, a la hora.

Con esas cantidades en mente, confecciono un presupuesto para el cliente, dependiendo de las características del encargo. Intento hacer una proyección del tiempo que le voy a dedicar al asunto, de manera muy aproximada. Es más fácil en un pleito civil, o en un recurso contencioso-administrativo, donde hay hitos procesales más o menos previsibles, y es más difícil en encargos de gestión. También tengo en cuenta el interés económico del asunto y la capacidad de pago del cliente, o mi propia especialización en un ámbito determinado, como valor añadido que le pueda ofrecer. Con esos criterios, y otras características que el encargo pueda ofrecer, modulo al alza o a la baja el presupuesto.

Y una cuestión importante. En aquellos casos en que preveo que el encargo se va a prolongar en el tiempo, y puede que se complique, añado esta cláusula en mis presupuestos, y se la explico verbalmente al cliente:

«Si por cualquier circunstancia, a lo largo del encargo, se deriva la necesidad de modificar el presente presupuesto, tal modificación deberá ser sometida al conocimiento y aprobación por escrito del cliente.»

Con la cláusula y su explicación, he observado que el cliente se queda muy tranquilo. A partir de ahí, conoce a la perfección lo que le voy a cobrar y cuándo, pues también incluyo un calendario de pagos parciales. El cliente sabe que, mientras yo no le pida firmar ninguna otra cosa, ese presupuesto va a misa. Pero los dos sabemos que, si el encargo se complica más de lo previsto en un inicio, podremos sentarnos para hablar sobre el incremento de costes y yo podré presentarle un nuevo presupuesto, que él podrá aceptar, rechazar, discutir o negociar, pero que siempre necesitará, al final, su aceptación por escrito.

El cliente, en definitiva, se queda tranquilo porque no habrá sorpresas al finalizar el encargo: aquel abogado que le daba una palmada aparentemente tranquilizadora al comienzo, pero le presenta una minuta exorbitante al final.

Y yo también me quedo tranquilo porque dejo cubierta la eventualidad de haberme equivocado en la previsión y que el encargo se prolongue y complique más allá de lo presupuestado.

Para llevar un control de cada asunto (aunque no facturo por horas sino, como he dicho, conforme al presupuesto entregado al cliente), llevo un registro del tiempo aproximado que dedico a cada tarea de cada expediente, y le asigno un precio por hora a cada tipo de tarea (en mi caso, uso un programa para mac llamado OfficeTime, pero sirve cualquier programa similar, incluso una simple hoja de cálculo).

Así, veo si el asunto se mantiene dentro de lo presupuestado o se escapa de lo previsto inicialmente. Siempre hay alguna diferencia, por arriba o por abajo, perfectamente asumible, y la verdad es que me ha ocurrido muy pocas veces que el asunto se haya ido de presupuesto de manera considerable. Para esas ocasiones es para las que incluyo la cláusula antes mencionada.

He comprobado, con alguna pequeñísima excepción, que el cliente informado sobre el coste de los servicios que contrata, con un presupuesto sencillo y un calendario de pagos, paga cumplidamente y valora el trabajo incluso en los casos en los que el resultado no ha sido satisfactorio.

En fin, he intentado explicar cómo abordo el tema de mis honorarios y la facturación por mi trabajo. ¿Por qué he dicho que una hoja pública de precios como la que propone Alfredo Herranz no encaja en mi forma de trabajar? Ya lo apuntaba en el artículo anterior:

«En mi caso, prácticamente cada asunto presenta unas circunstancias, un procedimiento, una naturaleza que lo convierte en distinto a los demás y me impide hacer una carta de servicios. No tengo un precio preestablecido para unas alegaciones administrativas con consultas o negociaciones con la Administración Pública correspondiente, para un recurso de alzada o de reposición, para un recurso contencioso-administrativo. Sí cuento con unos criterios que me permiten presupuestar con bastante precisión, a cada cliente y conforme a las características de cada caso, pero prácticamente cada presupuesto es un traje a medida

Pues eso, que yo soluciono esta cuestión de la transparencia en cuanto a los honorarios profesionales y la información demandada por el cliente con un presupuesto personalizado como el que he descrito. Pero estoy deseando oír otras opiniones, así que espero que haya debate.

Ideas para la regulación de las costas procesales, con permiso de JR Chaves

El Magistrado D. José Ramón Chaves, conocido por todos por su blog Contencioso, ha ingresado como Miembro de Número en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Vaya por delante, por lo tanto, mi enhorabuena, a él por el ingreso y a la Academia por la incorporación.

De su discurso de aceptación, que se puede descargar en este enlace y en el artículo de su blog, me ha llamado la atención lo siguiente, con relación a la necesidad de regular la cuantificación de las costas procesales, fundamentalmente las de abogado y procurador:

«La llave para solucionar la incertidumbre y casuística la posee el legislador quien bien podría modificar, completar o adaptar el art.139 LJCA.

También podría el ejecutivo mediante reglamentos puntuales de desarrollo.

De hecho, se hizo público hace varios meses el Anteproyecto de Ley de Eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que apuntaba en una dirección correcta pues contemplaba la existencia de unas tablas y la fijación de honorarios de abogado y derechos de procurador al margen de los pactos de los clientes. Oigamos la motivación o preámbulo del Anteproyecto que nos dibuja el escenario de futuro:

"El actual régimen de determinación de las costas podía tener sentido cuando se reconocía a los Colegios de Abogados la facultad de establecer honorarios orientativos. Pero en un régimen de libre mercado, basado en la libertad de pactos, los honorarios orientativos no reflejan necesariamente el mercado. (...).Con la nueva regulación se atribuye al Gobierno, por medio de la Disposición adicional 1ª, la facultad de fijar, mediante Real Decreto, la cuantía de las costas procesales en lo que se refiere a los gastos de asistencia letrada y representación procesal de la parte vencedora, entendiendo que se trata de una compensación a tanto alzado, cuya cuantía se fija de forma objetiva y normativa con total independencia de los pactos que alcancen los abogados y procuradores con sus clientes, sujetos a la libre competencia. Estas compensaciones objetivadas y estandarizadas por la defensa letrada y representación técnica preceptivas se fijarán previo informe de la Comisión Nacional de la Competencia, atendiendo a la retribución razonable de un profesional medio, lo cual exigirá llevar a cabo los estudios de mercado correspondientes. Una vez aprobadas las tablas o estándares compensatorios, el Juez o Tribunal, en la sentencia que pone fin al proceso, no sólo impondrá las costas sino que fijará su cuantía por los conceptos de defensa letrada y representación técnica conforme a las mencionadas tablas o baremos, evitándose así la controversia en el posterior procedimiento de tasación (en el que en todo caso se concretarían los demás conceptos de costas conforme al art. 241.1LEC)".

Aunque dicho Anteproyecto está en “vía muerta” no deja de marcar una tendencia esperanzadora.»

Estoy muy de acuerdo con la necesidad de regular con nuevos criterios la cuantificación de las costas procesales, y a fin de contribuir al debate quiero ofrecer mis propias ideas al respecto:

Aunque el discurso del Magistrado Chaves se refiere a las costas del procedimiento contencioso-administrativo, la necesidad actual se plantea igualmente en las restantes jurisdicciones, con más intensidad en la civil.

Es atractivo contar con unas tablas objetivadas y estandarizadas, sobre todo porque contribuye definitivamente a la seguridad jurídica, pero está por ver que la confección de esas tablas sea posible, e incluso que sea deseable desde el punto de vista de la promoción de la Competencia, si es cierto, como se defiende desde ese ámbito, que toda determinación de precios o tarifas es una práctica restrictiva de la libre competencia.

Aun así, mi principal objeción respecto de la publicación de unas tablas estandarizadas y objetivadas (que no dejarán de ser otro Baremo, de aquellos proscritos que publicaban los Colegios de Abogados), es que no atiende al objetivo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las costas procesales, conforme a dicha jurisprudencia, constituyen una indemnización, a favor de quien resulte favorecido en juicio, de parte de los costes legales en que ha incurrido por la necesidad de entablar una acción judicial o defenderse de ella; y la cuantía de dichas costas debe ser razonable y adecuada a las circunstancias de cada caso.

Y la forma que señala dicha jurisprudencia para alcanzar dicho objetivo es el análisis de las circunstancias de cada caso y la aplicación a las mismas de unos criterios de valoración y enjuiciamiento que permitan dotar de contenido económico concreto al concepto jurídico indeterminado de las referidas "costas razonables y adecuadas".

Las tablas estandarizadas pueden dar seguridad jurídica, pero nada garantiza que huyan de la arbitrariedad, tanto en su determinación como en su aplicación al caso concreto. Se propone la realización de estudios de mercado, pero al final las tablas se traducirán en un listado de actuaciones procesales y un precio por cada una. Asignarle una cantidad de 100 a una actuación, y de 200 a otra, será inevitablemente arbitrario. Y, además, acabará demostrando que no puede abarcar la totalidad de la casuística posible.

Al contrario, un correcto diseño de criterios orientativos, organizado en categorias y definiciones amplias, dotado de elementos cuantificativos sencillos que permitan, a la hora de su aplicación, valorar y modular las costas de forma motivada conforme a las circunstancias de cada caso, contribuye a ambos objetivos: al de la seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad.

Dichos criterios, en el análisis de cada concreta tasación, deben atender a las características objetivas (jurídico-procesales) del procedimiento, recurso o incidente en que se hayan causado las costas; al interés económico en juego, concepto que no necesariamente coincide con el de la cuantía procesal ni debe dar lugar a una regla de proporcionalidad directa, sino que debe ser matizado conforme a la trascendencia de dicho interés en el concreto debate suscitado en cada caso; y a la amplitud del trabajo desarrollado por los profesionales y que el proceso ha exigido, también examinado a la luz de lo acaecido en el caso concreto.

Todos estos conceptos están suficientemente recogidos en la jurisprudencia, y no es tan complicado sistematizarlos y dotarlos de reglas de ponderación aritmética que permitan convertirlos en cantidades concretas a establecer en cada tasación de costas.

Unas tablas estandarizadas, como eran las de los antiguos Baremos colegiales, no van a dar lugar a unas costas razonables y adecuadas. Unos criterios de ponderación, sí.

Que eso se recoja en un Real Decreto, informado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sería desde luego lo deseable, y en ese punto estoy totalmente de acuerdo con la idea recogida por JR Chaves y plasmada en el anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción.

Por lo tanto, manos a la obra. Tenemos ideas concretas, entusiasmo suficiente, así que las trasladaremos a los ámbitos correspondientes para que el debate continúe y se vaya traduciendo en realidades.

Y otro día nos metemos con el arancel de la procura, otro día.

Colegiación obligatoria de profesionales vinculados a la Administración Pública

Al hilo de una Sentencia del Tribunal Supremo sobre los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, basada en otra anterior del Tribunal Constitucional sobre la Ley vasca de colegios profesionales, quienes ejercen una profesión de colegiación obligatoria dentro de la Administración pública, sea por relación administrativa o laboral, están obligados a colegiarse, y sólo el legislador estatal puede establecer excepciones a esa regla.

John Adams

John Adams (1735-1826) fue miembro del Congreso de los Estados Unidos por Massachussets, corredactor de la Declaración de Independencia, embajador en búsqueda de apoyos y financiación de los países europeos durante la Guerra de Independencia contra la corona británica, primer Vicepresidente y segundo Presidente de los Estados Unidos de América.

Pero, sobre todo, John Adams fue Abogado.

Buscando método para presupuestar y minutar al cliente

Hablar de dinero con el cliente y hacerlo de forma clara, desde el momento más temprano posible del encargo profesional, es la mejor forma de garantizar que nuestro trabajo será retribuido en tiempo y forma. ¿Es posible encontrar unos criterios más o menos homogéneos para presupuestar y minutar al cliente? ¿Se puede elaborar un método más o menos reproducible para esta tarea, un método científico?

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