La condena en costas en el contencioso-administrativo no incluye al procurador de la Administración

Photo by leoncillo sabino, CC Attribution license. Click on the image to go to his flickr page

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La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, introdujo una novedad trascendental en materia de costas procesales en el ámbito contencioso-administrativo, al reformar el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) y dar paso al criterio del vencimiento del proceso civil: a partir de la reforma, las costas se impondrán a la parte que vea rechazadas todas sus pretensiones.

Antes, y para la primera instancia (la desestimación de las apelaciones y demás recursos siempre han conllevado la condena en costas), sólo se imponían a quien había actuado con temeridad o mala fe en la interposición del recurso contencioso-administrativo, circunstancia que se apreciaba en muy pocos casos. Lo cual convertía a la contencioso-administrativa en una jurisdicción accesible para el ciudadano que pretendía combatir una decisión administrativa que considerara injusta: estimaba el gasto en abogado, procurador o peritos propios, pero al menos no debía asumir igualmente el riesgo, siempre para el proceso en primera instancia, de tener que abonar las costas de la Administración o de otros codemandados en el supuesto de que finalmente el Juzgado o Tribunal no le diera la razón.

Dejo para otro día mi opinión de cómo esta medida perjudica el acceso a los recursos jurisdiccionales y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, máxime frente a la actuación de una Administración Pública que goza de tantas prerrogativas como el control del procedimiento administrativo y la ejecutividad de sus actos. Perjuicio que se verá agravado si finalmente se aprueba la reforma de las tasas judiciales, su importante incremento y, lo más grave, su extensión a las personas físicas y a las PYMES. Pero, insisto, de estos particulares trataré otro día.

A este artículo quiero traer una decisión judicial que, al menos, sirve para paliar en parte la onerosidad de la condena en costas en el contencioso-administrativo.

Por Auto del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 19 de junio de 2012 (Recurso 4005/2008), el Tribunal Supremo ha dispuesto que la condena en costas no incluye los aranceles y derechos del Procurador de la Administración Pública, pues ésta no requiere de la intervención de tal profesional para su adecuada postulación y representación en juicio.

Esta doctrina es aplicable tanto a la Administración General del Estado como a los órganos constitucionales, a la Administración de las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Todas ellas actúan en juicio por medio de sus propios Abogados, y éstos ejercen simultáneamente la representación y defensa de sus patrocinadas, por lo que no es necesaria la intervención de Procurador. Incluso cuando las administraciones autonómicas o locales, tal y como la Ley Orgánica del Poder Judicial les permite, confieren su defensa a un Abogado colegiado (externo), éste asume igualmente las funciones de representación.

Bajo estas premisas legales (establecidas por la remisión del artículo 24 LJCA a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley 52/1997 de 27 noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas), el Tribunal Supremo concluye que la designación de un Procurador "es fruto de una decisión que solo es imputable a las Administraciones que así lo acordaron, de modo que el abono de los derechos devengados por los Procuradores no deberá recaer sobre quien interpuso el recurso", argumento sobre el cual fundamenta su decisión de anular una previa tasación de costas, ordenando que se excluyan los derechos de arancel de los Procuradores que intervinieron en representación de las dos Administraciones codemandadas en el supuesto examinado en dicho Auto.

En mi experiencia, las entidades locales confieren su representación a procuradores de forma abrumadora y como regla general (no así la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca o las instituciones forales, a las que habitualmente representan sus propios Letrados), así que este criterio jurisprudencial vendrá a aliviar en parte el riesgo en costas del que tenemos que informar a nuestros clientes a la hora de acudir a la vía contencioso-administrativa.

Esta buena noticia la he leído por primera vez en el magnífico blog de Sevach, que recomendaré en balde porque estoy seguro de que lo conocéis, y también ahí encontraréis enlazado el Auto citado de 19 de junio de 2012.